CRIMENES DEL FRANQUISMO

interviuCuatro jueces sin ganas de preguntar.

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Servini
Jueza Servini

Dos policías, un guardia civil y un ginecólogo se libran de prestar declaración como investigados por crímenes del franquismo en la causa que se sigue en Argentina. Llegaron a recibir la notificación del juzgado, pero una repentina instrucción de la Fiscalía General del Estado para no colaborar dio al traste con los planes. Cuatro jueces de Valencia, Cádiz, Burgos y Salamanca rectificaron in extremis y decidieron devolver los requerimientos al juzgado de Buenos Aires sin cumplir con el Tratado de Asistencia Penal entre España y Argentina.

ELEXPEEl guardia civil jubilado Narciso San Juan del Rey, salmantino de 81 años, tenía una cita incómoda con su pasado. Debía comparecer el pasado 28 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca para declarar por la muerte, en 1975, de Víctor Manuel Pérez Elexpe, un vizcaíno de 23 años que repartía propaganda comunista. Pero finalmente se libró. Más que a la buena suerte, la suspensión de su interrogatorio, 41 años después de haber disparado por la espalda contra un joven desarmado, se debe a la decisión del juez Alejandro Familiar de no colaborar con la jueza argentina María Servini, que investiga los crímenes del franquismo.

De los 20 exhortos que envió la jueza Servini para tomar declaración a otros tantos investigados en la causa 4591/2010, conocida como Querella Argentina, cuatro ya han sido devueltos, sin ejecutar, al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, según ha podido saber interviú.

Se trata de los investigados Félix Criado Sanz, expolicía, que tenía que prestar declaración el 17 de octubre pasado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranda de Duero (Burgos); el también expolicía Benjamín Solsona Cortés, de 85 años, que perteneció a la Brigada Político-Social –uno de los aparatos represores de la dictadura–, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer, citado para declarar el pasado 24 de octubre por el presunto robo de un recién nacido en 1967 en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Ninguno de los cuatro, ancianos ya, tuvo que pasar el trance, pese a haber recibido la citación para comparecer en el juzgado. La razón de la suspensión de sus declaraciones, que se iban a tomar en virtud del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre España y Argentina, fue, en opinión de los abogados de los querellantes, una instrucción de la Fiscalía General del Estado del pasado 30 de septiembre, enviada tan solo unos días después de que se hubieran emitido las citaciones a los investigados.

En dicha consigna a los fiscales territoriales, Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, les insta a informar en contra de la ejecución de las comisiones rogatorias procedentes del juzgado de Servini. Les recuerda Madrigal, al final de su escrito, que “un proceso seguido en España similar al que se sigue en Argentina motivó una causa penal contra el Magistrado Instructor”. Se refiere la ex fiscal general del Estado al exjuez Baltasar Garzón, que resultó absuelto de la acusación de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo.

“AVISO A NAVEGANTES”

Baltasar Garzón considera que este recordatorio de Madrigal puede ser un “aviso para navegantes”. Así lo expresó durante la II Asamblea Estatal de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que se celebró hace unas semanas. “No sé si alguno [por los jueces] le echará valor. En otros casos sí se lo han echado”.

Aunque los jueces no están obligados a acatar ninguna instrucción de la fiscalía, parece ser que las palabras de Consuelo Madrigal han hecho mella en alguno. Así lo cree la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina: “La fiscalíapretende amedrentar a los jueces españoles encargados de la ejecución de los exhortos remitidos por la Justicia argentina, recordándoles qué le ocurrió al juez Garzón. Les advierte de que, en caso de ejecutar los referidos exhortos, podrían ser acusados de prevaricación”.

La abogada Ana Messuti, del equipo de la querella argentina, tiene esperanzas de que haya algún juez “valiente e independiente”. Y añade: “Los hay, no me cabe duda. Y es posible que alguno no se deje influenciar por las órdenes de la fiscalía, que a los jueces no les atañen”.

Víctor Manuel Pérez Elexpe estaba afiliado al Partido Comunista Internacional. A primera hora del 20 de enero de 1975 salió de su casa para lanzar octavillas por las calles de Portugalete (Vizcaya) a favor de la huelga general que se seguía en Navarra. Se cruzó en el camino con el guardia civil Narciso San Juan, quien lo siguió un rato hasta que le dio el alto. El joven echó a correr y el guardia le disparó. Víctor Manuel Pérez cayó fulminado por dos balas.  Así lo relataron varios testigos. Aunque la versión de la Guardia Civil fue la del enfrentamiento armado entre ambos. El caso se archivó sin ningún reproche para el agente.